España – Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipos – 2025-28/041/001 Ejecución de diversas operaciones de conservación y mantenimiento en la red viaria provincial de la Diputación de Cáceres

En cuanto al procedimiento que corresponde a la tramitación de la licitación del contrato de servicio, es el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. A este respecto: a. Tal y como se establece en el artículo 131.2 de la LCSP, la adjudicación se realizará, ordinariamente en base a una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y tramitando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. d. Finalmente puede anticiparse, tal y como se expone en el correspondiente informe de justificación de los criterios de adjudicación escogidos, incorpora. Asimismo, de conformidad con el artículo 22 de la LCSP, el presente contrato está sujeto a regulación armonizada por ser su cuantía superior a los umbrales definidos legalmente para el contrato de servicios, en concreto, y atendido a lo establecido en el artículo 22.2 y 101.12 de la citada norma, siendo el valor total estimado de los cuatro lotes en que se divide la adjudicación del contrato de 26.859.503,95 € , resulta imprescindible la categorización del contrato como “sujeto a regulación armonizada”, y consecuentemente, como contrato de servicio a adjudicar por procedimiento abierto. b. Además, se considera - tal y como queda reflejado en el informe técnico de necesidad del Jefe del Servicio de la Red Viaria provincial incorporado al expediente- que dicho procedimiento es el más adecuado para las actuaciones que son objeto del contrato (conservación y explotación de carreteras), siendo el que ordinariamente siguen las Administraciones Públicas (Ministerio, Comunidades Autónomas, Diputaciones). c. Se justifica además en la voluntad del órgano de contratación de promover, en orden a salvaguardar la libre concurrencia, la mayor participación posible de todos aquellos empresarios que reúnan los requisitos mínimos exigidos para contratar con la Administración.